El sector de la industria del plástico considera que la nueva ley incluye medidas discriminatorias y desproporcionadas que afectan negativamente la industria del plástico.
Dentro del sector valoran la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Consideran que se trata de una oportunidad para unificar medidas a nivel nacional; de manera que sirva de guía a las Comunidades Autónomas para legislar, evitando la proliferación de normativas que puedan dar lugar a confusión e incertidumbre jurídica.
A pesar de ello, el sector señala que la nueva norma incluye medidas discriminatorias y desproporcionadas para el sector que, además, son contrarias al espíritu inicial de la ley de prevenir el residuo.
Dichas medidas suponen asimismo un obstáculo a la implantación de la Economía Circular en el sector. Precisamente el sector de los plásticos es de los más implicados en este tema; con la incorporación de productos reciclables y con contenido reciclado, además de innovando en procesos para la recuperación de estos materiales.
El plástico contribuye al desarrollo sostenible, al ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones de CO2.
Ley de Residuos: el impuesto para envases de plástico no reutilizables
Sobre el impuesto que grava los envases de plástico no reutilizables, el sector lo considera una medida discriminatoria; ya que no incluye a envases realizados con otros materiales que también son susceptibles de acabar en el medio ambiente. Asimismo, también lo ven discriminatorio, porque su ámbito excede a los envases plásticos de un solo uso definidos en la Directiva 2019/904. Por otro lado, desde el sector creen que este impuesto acabará afectando al medio ambiente dado que el mercado se decantará por envases y productos realizados con otros materiales más pesados.
El hecho de que la norma deje fuera del impuesto a los envases médicos y farmacéuticos resulta insuficiente. Los envases industriales y comerciales también deberían quedar exentos porque son de uso indispensable y difíciles de sustituir teniendo en cuenta cuestiones de seguridad, transporte y logística.
Los principales actores del sector plástico tienen muy claro que el impuesto terminará repercutiendo en la mayoría de consumidores, ya que el plástico está presente en muchos envases de productos de primera necesidad. Por lo tanto, se producirá un encarecimiento de la cesta de la compra de los españoles.
La industria también reclama que no se penalicen con este impuesto las importaciones de envases a un límite máximo mensual de 5 kg; para evitar el fraccionamiento de envíos con el fin de eludir el pago del impuesto y proteger la competitividad de la industria española.
Objetivos de la reducción de envases
En la misma línea, el sector ve desproporcionados y sobredimensionados los objetivos de reducción del 50% en 2026 y del 70% en 2030 del consumo de envase alimentario de un solo uso. Para ello vuelve a mencionar el dictamen del Consejo de Estado que expone que dichos objetivos de reducción no cuentan con una justificación o análisis del impacto que los avale.
La medida puede provocar la sustitución de los envases plásticos alimentarios por otros materiales de un solo uso mucho más pesados que conllevarán el incremento de residuos y el aumento de las emisiones de CO2 en su transporte. Igualmente, el hecho de que muchos de estos materiales sustitutivos estén compuestos por más de un material, dificultan también su reciclaje.
Para argumentar su postura, el sector menciona el caso de Portugal. El país vecino, en la trasposición de la Directiva, ha fijado objetivos del 30% para 2026 y del 50% para el 2030. Además, incluyen en los mismos a todos los envases de un solo uso independientemente del material con el que estén fabricados.
