La Ley de Residuos y Suelos Contaminados llegará en 2023 y con ella se van a implantar dos nuevos impuestos. Uno de ellos a los envases de plástico que tienen un solo uso y el otro a residuos en vertederos e incineración. Hay que recordar que una de las medidas europeas sobre el plástico ya entró en vigor el pasado año: se prohibió la venta de de platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos y envases de polietireno para alimentos.
El objetivo principal de esta ley es que se reduzcan hasta un 15% la creación de desechos en 2030.
La nueva Ley de Residuos contempla una serie de objetivos en materia de prevención de residuos para disminuir el peso de los residuos que se produzcan hasta 2025 frente a los que se generaron en 2010.
Los grandes afectados por el impuesto al plástico van a ser los comercios y la industria. La ley prevé que los comercios minoristas dedicados a la alimentación que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un 20% de su superficie a productos que no tengan un embalaje primario.
Además, la ley quiere reducir a la mitad los alimentos desechados por hogares, restaurantes, cafeterías y hoteles. De esta manera, se pretende rebajar un 20% las pérdidas de alimentos en la cadena de producción.
Las quejas no se han hecho esperar. Desde hace meses, la industria está pidiendo una prórroga del impuesto al plástico. Organizaciones agrarias y patronales que representan a más de 40.000 empresas han solicitado a la ministra de Hacienda, aplazar la entrada en vigor de esta ley hasta 2024.
Entre sus argumentos, han explicado que para este año se habrán estabilizado el encarecimiento de las materias primas y los costes energéticos. De esta manera, para 2024 podrían hacer frente al incremento de los costes que va a suponer esta normativa.
